Su precio ecológico y social es altísimo, según el Banco Mundial
may 2020
Lucas Danieli
Aunque no siempre se manifieste de manera evidente ni tenga la indagación suficiente de los medios, la minería es causa de graves impactos ambientales y sociales, en algunos casos irreversibles. Como las demás industrias extractivas intensas, su relación con el cambio climático es directa.
La industria minera y metalúrgica quema de combustibles fósiles en sus procesos productivos, tanto en el uso de maquinaria pesada durante los procesos de explotación como intensamente durante la refinación y procesamiento de los minerales.
Debido al alto consumo de esos combustibles se estima que es responsable de más del 20% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero (GEI).
Pero sus impactos negativos no terminan allí. La industria minera también repercute fuertemente en las sociedades aledañas a las áreas de explotación, debido a la contaminación de suelos y ríos con el consiguiente impacto en tierras fértiles utilizadas por los agricultores para producir alimentos y otras materias primas.
Industrias como las del cemento, carbón y las siderúrgicas son fuertes contaminantes de la atmósfera y directamente responsables del cambio climático. Y la minería en su conjunto, también contribuye a la deforestación y la degradación de los suelos. El proceso siderúrgico para refinar solo una tonelada de acero necesita 8.300 kWh de energía primaria, y una tonelada de aluminio 56.000 kWh. Es decir, el consumo de una familia europea durante diez años
La ceguera empresaria
Mientras otras industrias contaminantes empiezan a poner en el centro de su atención las consecuencias que sobre sus negocios va a tener la aceleración del cambio climático, en el sector minero parece primar la ceguera empresaria sobre el tema.
En su reporte anual “Los 10 principales riesgos y oportunidades para la minería, que realiza la consultora británica EY (Ernst & Young Global Limited), publicado hace dos semanas, se analizaron las principales preocupaciones del sector minero a nivel mundial.
La encuesta, realizada a más de 130 altos ejecutivos globales, vuelve a posicionar por segundo año consecutivo a la licencia para operar como su principal preocupación. Un 44% de las compañías mineras mundiales la califican como el mayor riesgo para su negocio. Temen que las condiciones políticas varíen en un contexto mundial de un aumento del nacionalismo y percepciones negativas de la comunidad sobre las explotaciones mineras.
En el segundo y tercer lugar de riesgo colocan al futuro del trabajo y la transformación digital, es decir cómo lograr un capital humano interno con las habilidades más ligadas a la transformación digital.
Para no hablar de “cambio climático”, los líderes del sector minero, colocan en cuarto lugar y quinto lugar por primera vez, la reducción de la huella de carbono y los riesgos de alto impacto, un eufemismo para considerar aumento de las temperaturas extremas, lluvias más intensas, inundaciones e incendios forestales. Es decir, fenómenos derivados del cambio climático que se resisten a reconocer, cuando algunos de esos riesgos pueden ser catastróficos en términos de destrucción de valor, tal como lo han reconocidos los estudios del BIS (Ver Más Azul n°6, marzo 20, “El cisne verde y el cambio climático”) e inversores de la talla de Larry Fink, de BlackRock.
Deforestación y degradación ambiental
Existen innumerables casos para mostrar el impacto de la actividad minera en el medioambiente, realizada en las condiciones actuales. Recordemos algunos en América Latina:
- En Panamá las mineras Petaquilla Gold (oro) y Minera Panamá (cobre), subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, arrasaron con bosques del Corredor Biológico Mesoamericano que hasta el año 2000 permanecía intacto. Las imágenes satelitales mostraron el desbroce del bosque tropical y las áreas devastadas.
- Un estudio realizado en seis países amazónicos (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), denominado Amazonía Saqueada muestra más de 2000 puntos identificados de minería ilegal que explota oro, diamantes y coltán. La información registrada en imágenes satelitales, está disponible en un mapa interactivo elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía.
- Otro caso de destrucción de bosques primarios ha sido la de la minera Inca Dorado 2 del empresario chino Bing Xiao He para la explotación de oro en Puerto Inca, Perú. La extracción del mineral se está realizaba en volúmenes de extracción mayores a los concesionados y utilizando maquinaria pesada cuando el permiso era para minería artesanal. El resultado: vastas áreas deforestadas, contaminación de las cuencas de los ríos Pintuyacu y Quimpichari y ocupación operacional de parte del territorio de la comunidad nativa asháninka de Tsirotzire.
- Pero quizás el mayor ejemplo de depredación ambiental de la minería sea el Arco Minero del Orinoco, proyecto puesto en marcha por el gobierno de Venezuela en el 2016, que no solo constituye un atentado contra los bosques venezolanos sino que implica la desaparición de poblaciones indígenas (Inga, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako y Pemón), en una de las peores devastaciones conocidas hasta la fecha.
El gobierno de ese país, urgido por generar ingresos como respuesta al desplome del modelo petrolero, creó una zona de desarrollo estratégico, el Arco Minero del Orinoco, en un área particularmente rica en recursos minerales de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Abarca 111.843 kms² (12,2% del territorio venezolano) una superficie mayor que países como Austria o Portugal. Se calcula que sus existencias superan las 7.000 toneladas de reservas en oro, diamantes, cobre, bauxita, hierro y coltán.
La explotación del Arco Minero ha sido calificada como un ‘Chernóbil ecológico’ en el seno de Guayana. Puesto en marcha pese a ser declarado inconstitucional por el Parlamento del país, se ha constituido en la fuente del oro que el gobierno venezolano vende cada mes en el exterior.
El proyecto ha sido cuestionado por distintas academias venezolanas como la Sociedad Venezolana de Ecología, la Asociación de Arqueólogas y Arqueólogos de Venezuela y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a ser un área de protección.
La lista sería interminable. Casos como la explotación aurífera en Madre de Dios (Perú) en una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo y las miles de atrocidades ambientales de las mineras en África, Asia y Oceanía conforman un “libro negro” que el sector se niega a reconocer.
Lo hacen bajo el argumento de su contribución al empleo y desarrollo de las localidades donde se instalan, dos falacias inconsistentes, cuando se comparan sus ganancias con las rentas que dejan por esos conceptos. Materia para una siguiente nota.
Lo cierto es que la minería se está expandiendo en territorios indígenas que han cuidado por miles de años los bosques que regulan el clima de la tierra. La pérdida de esos bosques es una causa muy importante del cambio climático y la industria minera es una de las causantes de la deforestación y la consecuente emisión de CO2. La degradación de suelos, por contaminación y remoción de su estructura son también factores que contribuyen al calentamiento global.
Otro de los aportes de la minería al calentamiento global es la emisión de GEI que se generan durante el transporte de los minerales. Llama poderosamente la atención que, pese al gigantesco tamaño del mercado de minerales tanto terrestre como marino, pocos estudios se detengan a mencionar su peso en el deterioro ambiental y el cambio climático.
En la minería a cielo abierto –una actividad que consiste en la explotación de recursos no renovables encontrados bajo la superficie– se utilizan distintas sustancias y químicos tales como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico para disolver aquellos componentes terrestres no deseados, lo que produce una serie de efectos negativos: daño en la superficie terrestre (alterando la morfología local y regional), contaminación del aire, por liberación de partículas en suspensión y contaminación de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
Contaminadores y contaminados
Las consecuencias mencionadas solo se aprecian en países de bajos y medianos ingresos, en términos de la CEPAL: las empresas mineras pertenecientes a países desarrollados realizan su actividad y producen contaminación en países más vulnerables. Podemos ver secuelas de ello en buena parte de los países de América latina, de África y Asia.
En Australia, que pesar de tener mejores indicadores sociales y económicos que los países en desarrollo, la actividad minera ha sido nefasta en cuanto a su situación ambiental, lo que le ha valido cuestionamientos incluso de los organismos internacionales respecto del incumplimiento de las metas del Acuerdo de París.
Brasil es un caso agudo de una industria minera con bajos controles gubernamentales. En noviembre de 2015, una presa de desechos pertenecientes a una mina de hierro del sureste del país colapsó y desencadenó una marea de lodo que mató 19 personas, desplazó cientos de habitantes y contaminó 620 kilómetros de valles fértiles para luego llegar al océano.
Años más tarde, sucedió lo mismo en la Mina Germano, la cual liberó más de 33 millones de metros3 de desechos, contaminando ríos hasta llegar también a la costa atlántica casi tres semanas después, luego de recorrer 650 kilómetros.
Pero tal vez el incidente mas importante recordado en Brasil sea el ocurrido en Brumadinho, donde colapsó la represa de una minera, soltando un mar de lodo, que acabó con la vida de 270 personas. Solo en Mina Gerais hay al menos 50 represas de residuos mineros consideradas de alto riesgo.
En los casos mencionados, se trata de los denominados relaves mineros. Según un informe de la ONU, éste está conformado por desechos mineros, rocas descartadas, metales pesados, cianuro y hasta metales radioactivos.
En Perú, en las localidades de Magdalena y San Juan, uno de esos relaves en el 2000, significó el derrame de 150 kilos de mercurio elemental afectando a un radio de 50 kilómetros e intoxicando a más de un millar de personas, a lo que se sumó el daño ambiental que produjo en ríos y en la flora y la fauna regional.
En Colombia, en las regiones afectadas por la actividad minera la deforestación en las áreas mineras es casi 4 veces mayor que en el resto del país (19 has contra 5 por cada 1000).
De cara al futuro
Teniendo en cuenta que la minería es una actividad económica significativa, en especial en algunos países de bajos y medianos ingresos, nadie puede plantear sensatamente el cese total de una industria de la que depende buena parte del desarrollo económico mundial y de los objetos que consumimos a diario.
Pero tampoco es sensato seguir permitiendo una minería que, en gran medida, se autoregula u opera en condiciones de “legalidad formal” pero actúa en una ilicitud flagrante. En algunos países es la propia declaración de la empresa la que determina el volumen de lo extraído de oro, plata y otros minerales de altísimo valor. Y en muchos casos, la rentabilidad que dejan en el territorio de donde extraen sus enormes rindes, solo alcanza el 5%.
En Brasil, la Agencia Nacional de Minería, responsable de ejercer el control por falta de recursos solo ha podido inspeccionar 274 de 816 estructuras que tiene a su cargo.
Por lo tanto, lo primordial aquí de cara al futuro es, como indica la ONU, fortalecer la cooperación internacional y la coordinación en la regulación minera, adoptar las mejores prácticas ambientales, de salud y seguridad, y mejorar la infraestructura de los almacenamientos de relaves.
Regulaciones más estrictas al sector minero son una exigencia de la hora ante los crecientes riesgos que el cambio climático plantea a la supervivencia de la humanidad. Los gobiernos se resisten a encarar esa tarea porque los requerimientos mineros alimentan sus industrias. Sectores como el acero, la industria automovilística y sus múltiples proveedores, las industrias armamentística, química, etc. son grandes consumidoras de minerales.
Sin embargo, mitigar el impacto ambiental de las operaciones mineras es impostergable y la ciudadanía debiera hacerlo parte imperiosa de su lucha por detener los efectos del cambio climático. Las regulaciones de sus actividades deben no sólo limitarse a los estudios de impacto ambiental previos a la concesión y a las condiciones de manejo del suelo y el agua, sino también a un control estricto de las emisiones de gases, a la prevención del drenaje ácido de roca y a la recuperación, lo que implica el re-establecimiento del suelo y la re-vegetación del área perturbada.
Si esta actividad pudiera llevarse a cabo de forma responsable y controlada, podría contribuir al desarrollo sostenible de aquellos países que hospedan a estas industrias y yacimientos.
Hasta hoy la realidad es desalentadora: “Si comparamos los problemas que trae consigo la extracción de cobre en Zambia con la explotación de bauxita en Brasil o de oro en las Filipinas, encontraremos paralelos obvios entre los problemas generados en cada uno de los países. Estos problemas recurrentes… son inherentes a los proyectos de las industrias extractivas, tal como se llevan a cabo hoy día en muchos países del llamado Tercer Mundo”.
Es lo que afirma un estudio del Banco Mundial sobre “Revisión de las industrias extractivas” que concluye que la mayoría de los proyectos de materias primas promovidos por el WB no ha traído beneficio alguno para el desarrollo sostenible o la reducción de la pobreza en el país respectivo: “El precio ecológico y social de la minería es altísimo. Al mismo tiempo, el aporte del sector de materias primas a la lucha contra la pobreza a menudo resulta cuestionable”.