Un homenaje a Polly Higgins
01 ene 2021
ANTONIO LÓPEZ CRESPO
Director de Más Azul
Abogado de Derechos Humanos
Reflexionaba estos días acerca del rol de los jóvenes en la lucha por la salud del Planeta y en especial, sobre el singular y valioso esfuerzo de la pequeña Greta Thunberg para multiplicar su voz por millones. Recordaba entonces dos frases de grandes escritores. Una pertenece al genial colombiano Gabriel García Márquez: “No es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores, sino que se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños”.
La otra es de Goethe y está vinculada al esfuerzo que hacemos desde Más Azul por alimentar esa lucha: “No sueñes sueños pequeños porque no tienen el poder de mover el corazón de los hombres”.
Junto a Greta soñamos con avanzar en la tipificación del “ecocidio” como delito en la Corte Internacional de Justicia a fin de castigar a los responsables de la destrucción del ambiente a gran escala, si queremos evitar una catástrofe ecológica y climática.
Convertir el ecocidio en delito ecológico y crimen internacional es imperativo para proteger una protección efectiva del medio ambiente y los derechos humanos.
Es intolerable que la masiva destrucción de ecosistemas, normalmente deliberada o como consecuencia directa de acciones humanas vinculadas a la extracción y explotación de recursos, con graves daños sobre el “patrimonio natural común” de la humanidad, permanezca a resguardo de la cárcel para sus autores.
Quien por primera vez habló de ecocidio fue el célebre Olof Palme, el primer ministro sueco, en la Cumbre Ambiental de Naciones Unidas de 1972 en Estocolmo, donde acusó a EEUU de ecocidio por sus prácticas en Vietnam. Palme fue asesinado años después.
Líderes de otros países como Indira Gandhi, de la India, y Tang Ke, de China, también defendieron entonces que la destrucción de los ecosistemas debía ser considerada un crimen contra la humanidad.
Desde entonces hubo un creciente apoyo en países e instituciones para reformar el Estatuto de Roma y convertir el ecocidio en un delito universalmente reconocido, como parte de un cuerpo de leyes emergente reconocido como ‘jurisprudencia de la Tierra’.
El ecocidio había sido propuesto como el quinto crimen contra la paz al constituirse la Corte Penal Internacional de la Haya en 1998, pero tuvo la oposición de EEUU y Reino Unido (cuándo no?) acompañados por los Países Bajos, por lo que los delitos que juzga el Tribunal quedaron reducidos a cuatro: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión contra estados o territorios.
Iniciativas como Ecocide Project de la Universidad de Londres han mantenido vivo el reclamo, que ahora recupera Greta Thunberg, para considerar como un delito gravísimo el daño masivo de los ecosistemas, que muchas veces tiene consecuencias irreversibles, como resulta de la deforestación del Amazonas.
UNA PRECURSORA EN LA DEFENSA DE LA TIERRA
Esa larga lucha por tipificar y dar envergadura universal a los delitos contra la naturaleza, tiene una precursora: la abogada escocesa Polly Higgins, fallecida en abril de 2019 a los 50 años, considerada “una de las figuras más inspiradoras en el movimiento verde” (Jonathan Watts).
Ella jugó un papel crucial tanto liderarando una campaña mundial como ante la Comisión de Ley de Naciones Unidas, para que se reconociera el ecocidio como un delito internacional. Fundó “Tierra Protectors” para recaudar fondos destinados a apoyar la causa a fin de lograr una herramienta legal que permitiera detener las actividades dañinas para el medioambiente y condenar penalmente a sus autores.
Buscó infatigablemente que el ecocidio fuese tipificado como un crimen, que permitiera penalizar la destrucción del Planeta por la acción de los estados y de las grandes corporaciones. Relataba con frecuencia que un día ante un tribunal y acompañando a un defendido se dio cuenta que “la Tierra … gravemente dañada y lesionada… también necesitaba un buen abogado”. Y aquella reflexión cambió su vida.
Polly Higgins dejó su trabajo y se dedicó a defender legalmente al planeta. Escribió varios libros –entre ellos “Erradicando el Ecocidio”– y se convirtió en una voz definitiva en la lucha por lograr que el ecocidio tomara entidad global.
Su trabajo, continuado por su amiga y actual presidenta de la Fundación Stop Ecocide, Jojo Mehta y potenciado por innumerables voces en todo el mundo, como la de Greta, echa raíces: naciones como Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Vietnam, Moldavia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Ecuador, han tipificado el ecocidio como un crimen dentro de sus fronteras, con penas en algunos casos de hasta quince años de prisión (Georgia y Armenia). Y la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2018, una resolución “Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente”, que avanza hacia un Derecho Ambiental Internacional.
Como señala Jojo Mehta “un número creciente de países apoya la inclusión del ecocidio, la destrucción generalizada, severa o sistemática de nuestro planeta, a la lista de crímenes procesados en la Corte Penal Internacional [CPI]… Ahora tenemos seis estados miembros de la CPI –Francia, España, Bélgica, Finlandia, Vanuatu y Maldivas– interesados en explorar la posibilidad de convertir el ecocidio en un crimen internacional. Más países se lo están tomando en serio y eso es muy alentador”.
En 2020, pese a la pandemia, se logró convocar a un panel de abogados de peso internacional para que se ocupe de la definición legal de ecocidio. Allí participan personalidades relevantes como el abogado internacional de derechos humanos y cofundador del Center for International Environmental Law, Philippe Sands QC, y el abogado y ambientalista ecuatoriano Pablo Fajardo, que logró que los tribunales de su país condenaran a la petrolera Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares por daño ambiental, social y cultural a la Amazonía ecuatoriana, sentencia ratificada en la Suprema Corte en 2018 y que la transnacional se niega a cumplir.
SOÑEMOS EN GRANDE
Greta Thunberg ha sumado su esfuerzo a esta lucha mientras reclama además a los gobiernos de la Unión Europea una serie de medidas urgentes que resume en 7 acciones, centradas en especial en los combustibles fósiles –el origen de nuestros mayores males ambientales– lo que incluye el cese de las inversiones en la exploración y extracción de energías fósiles, la eliminación de todos los subsidios a estos combustibles y el abandono inmediato de los mismos, sumado a limitaciones drásticas al uso de energía de ese origen.
Todas esas medidas han sido reiteradamente pedidas desde Más Azul, fundamentadas en los daños ambientales severos que provocan y en los avances científicos y tecnológicos que otorgan “alternativas limpias” para la reconversión energética.
Queda ampliar el esfuerzo ciudadano global multiplicando las exigencias para que la Corte Internacional de Justicia de la ONU tipifique el “ecocidio” como delito internacional para castigar a los responsables de destruir el ambiente a gran escala.
Soñemos el sueño grande de lograr salvar en Planeta, nuestra “casa común” y castigar a aquellos que, en nombre de su avaricia, han desarrollado un modelo de producción y consumo absolutamente perverso y destructivo, que compromete la vida humana.
Como afirma Naciones Unidas, la pandemia no ha sido más que la primera advertencia de las consecuencias de la ruptura de ese modelo con la naturaleza. Nos esperan otras más. Repasen las alertas de la OMS sobre la multiplicación de pandemias de origen zoonótico, para comprender hacia donde nos encaminan los reiterados delitos contra la naturaleza que cada día cometen gobiernos y empresas en su afán de sostener un modelo de producción y consumo absolutamente insostenible.
“Una vez que la ley de Ecocidio esté en vigencia –adelanta Jojo Mehta– desbloqueará el pleno potencial de todos los movimientos ambientales y climáticos, grandes y pequeños, en todo el planeta”. Tendremos la herramienta que hoy nos falta.