Lo que dejó Estados Unidos tras 20 años de guerra y ocupación
10 jun 2022
La Misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) denunció el pasado mes de mayo, nuevos atropellos a los derechos de las mujeres en ese país. El Talibán ordena a las mujeres cubrirse, no salir de sus casas, y les impide educarse y trabajar.
La medida se da en un contexto dramático, que la mayor parte del mundo desarrollado oculta: casi 23 millones de afganos están en situación de hambre y Afganistán se encamina a convertirse en la mayor crisis humanitaria del mundo, con necesidades superiores a las de Yemen, Etiopía, Siria o Sudán del Sur.
La representación de la ONU en Afganistán expresó su profunda preocupación tras el anuncio del Talibán –la autoridad de facto de ese país– de que las mujeres deben cubrirse el rostro en público y quedarse en sus casas, saliendo únicamente en casos de necesidad.
La disposición de las autoridades afganas señala que si las mujeres contravienen la ordenanza, los hombres de sus familias serán castigados. De acuerdo con la información de UNAMA, no se trata de una recomendación sino una directiva formal ejecutiva.
Naciones Unidas señala que la medida contradice las promesas de los talibanes garantizando el respeto de los derechos humanos de todos los afganos y en especial, de las mujeres y niñas, cuando ocuparon el poder tras el retiro de las tropas de EEUU.
Es vergonzoso que en las negociaciones que EEUU y parte de la comunidad internacional sostuvieron con representantes del Talibán en los últimos diez años, hayan “creído” en esas promesas, teniendo en cuenta los antecedentes de las milicias talibanas. Los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, tras el abandono acelerado de EEUU y para “facilitarle la huída” prometieron que todas las mujeres gozarían de sus derechos, en el ámbito laboral, educativo y social.
La historia de Malala
Para saber qué clase de seres humanos son los talibanes, basta recordar que le sucedió a Malala Yousafzai. Ella tenía un blog en el que escribía con el seudónimo de Gul Makai y denunciaba el pánico que se vivía bajo el terror del extremismo talibán, que había prohibido en el valle del Swat, noroeste de Pakistán, la asistencia de las niñas, a la escuela. (Ver Más Azul n° 12, sept. 2020 “Malala Yousafzai, la historia de una voz que no pudieron sofocar”)
Su padre, un diplomático paquistaní estaba vinculado a una red de escuelas privadas. En 2012, cuando tenía 14 años, los talibanes subieron a su transporte escolar, preguntaron por ella y le dispararon en el rostro. La noticia de su atentado recorrió el mundo. Una prueba más de la barbarie talibán. Su vida estuvo en gravísimo riesgo y debió ser llevada de Pakistán a Inglaterra para ser sometida a varias operaciones para restituir la capacidad auditiva de uno de sus oídos y reconectar un nervio facial que le devolviese el movimiento a una parte de su rostro. Milagrosamente pudo recuperarse.
Un año después recibió el premio National Youth Peace Prize (que ahora lleva su nombre) y el premio Sajarov. Ese mismo año se presentó ante el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas para exigir educación para todos los niños del mundo. En 2014, a los 17 años se convirtió en la persona más joven en ganar el premio Nobel de la Paz. En 2017, aceptó una beca para estudiar en Oxford y en 2020, egresó de esa prestigiosa universidad británica con una licenciatura en Filosofía, Política y Economía.
Malala hoy es una voz que mueve conciencias y que advierte el abandono y el peligro de miles de mujeres afganas que resisten la dictadura taliban. Cuando EEUU abandonó Afganistán en una verdadera desbandada, Malala anticipó qué iba a suceder –pese a las promesas de los talibanes que solo EEUU y sus socios quisieron creer–: “Hacia finales de 2001…millones de afganas lograron acceder a un plan de educación completo. Sin embargo, ahora el futuro que les prometieron está peligrosamente cerca de desaparecer’’, escribió Malala en una columna de opinión en el New York Times.
Y trágicamente tenía razón: la nueva normativa del Taliban establece que las mujeres deberán usar burkas que las cubran desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como ya habían sido obligadas a hacerlo durante el gobierno de los talibanes gobernaron entre 1996 y 2001.No pueden mostrar sus tobillos ni reírse y la música está prohibida.
A esa medida se suma la de no permitir que las niñas asistan a la escuela secundaria y la prohibición de que las maestras asuman sus trabajos.
La hipocresía ‘democrática’
Estados Unidos (y también sus aliados europeos) han declamado durante décadas su fervor en la misión de democratizar el mundo y garantizar los derechos humanos. Su interpretación de esa tarea tiene innumerables claroscuros y en muchos casos abiertas transgresiones, implantando dictaduras (América latina antes y después de la década de los ’70), defendiendo autocracias feroces (Arabia Saudita) o generando y alimentando conflictos (Irak, Irán, Afganistán y ahora Ucrania).
Pero a la hora de desarrollar efectivamente estructuras de gobierno y condiciones económicas y sociales que potenciaran a los sectores locales que podían impulsar la democratización y el desarrollo del país, solo hicieron de Afganistán –una vez más– un próspero territorio para los “negocios” de su complejo industrial-militar y para la consolidación de la heroína, que ha carcomido incluso a sus jóvenes soldados.
La guerra fue declarada por EEUU bajo la administración de George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desmantelar la red terrorista Al Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes, que protegía a ciertos grupos terroristas.
Veinte años después y tras gastar 2,26 billones de dólares en su aventura en Afganistán, EEUU salió huyendo de ese país, abandonando a sus propios aliados (algunos de los cuales se vieron obligados a operativos de retirada urgencia como Alemania), dejando un colosal arsenal en manos de los talibanes y, lo que es más grave, dejando a la población abandonada a la barbarie talibán.
Según un análisis de Forbes, la guerra le costó al pueblo estadounidense (la otra víctima) unos 300 millones de dólares al día. La asombrosa cifra final de más de 2 billones incluye u$s 800.000 millones en costes directos de la guerra; u$s 85.000 millones en capacitación y entrenamiento del ejército afgano, (que solo resistió dos semanas el asedio talibán) y u$s 750 millones anuales que se destinaron a pagar los gastos de ese fracasado ejército.
Como buena parte de la guerra se financió con préstamos, según estudios de la Universidad de Brown (Providence, Rhode Island, EEUU), una prestigiosa universidad privada que integra la Ivy League, al monto de la guerra deben sumarse más de u$s 500.000 millones en intereses ya devengados y para el 2050 el coste de los intereses de la deuda de EEUU por la guerra puede alcanzar los 6,5 billones de dólares, o 20.000 dólares por ciudadano estadounidense.
Si en lugar de alimentar al complejo industrial-militar, esos fondos hubieran ido al desarrollo del pueblo afgano, los talibanes serían historia. Pero la “misión democratizadora” fue una falacia más, incluso de cara a su propia población: EEUU ha gastado durante 20 años, más en la fallida guerra de Afganistán que en programas de educación para sus ciudadanos. Y más que el cacareado proyecto de infraestructuras de 1 billón de dólares –menos de la mitad de lo que el país gastó en Afganistán–.
Esa guerra de dos décadas, tanto en Afganistán como en Irak, no terminó con el terrorismo islámico ni logró democratizar nada, pero en cambio, sí supuso un enorme sacrificio de vidas de civiles afganos, pakistaníes e iraquíes y un formidable despojo al bolsillo de los estadounidenses.
Pero la guerra tuvo sus beneficiarios: contratistas militares pagados como Lockheed Martin, DynCorp, Black & Veatch y Academi (antes llamada Blackwater, la oscura empresa de mercenarios de Eric Prince, hermano de la secretaria de Educación de Trump, Nancy DeVos), entre otras empresas recibieron casi 5 billones de dólares, según un análisis de la desaparecida Pacific Standard.
Otros grandes beneficiarios fueron los propios talibanes que “heredaron” un gigantesco arsenal que las tropas de EEUU abandonaron en su salida precipitada del territorio, bajo una lluvia de cohetes de ISIS.
Según The Wall Street Journal, las tropas estadounidenses abandonaron helicópteros, aviones, vehículos blindados y hectáreas de armamentos y municiones todavía operativos, más todo el equipamiento suministrado por EEUU para el ejército afgano. Un irresponsable “regalo” que consolida el poder de los talibanes y su fortaleza para reprimir a su población.
Doble vara
Sorprende que los socios de la OTAN, liderados por EEUU muestren una singular firmeza en multiplicar las sanciones a la Federación Rusa, tras el conflicto con Ucrania, pero hagan extremo silencio ante la situación en la que han dejado al pueblo afgano.
Como si la historia de la barbarie del Talibán se hubiera borrado de su memoria, Tomas Niklasson, enviado especial de la UE en Afganistán, no dudó en declarar –tras cinco días de visita a Kabul– que la nueva normativa en contra de las mujeres, es un “cambio de actitud (de los talibanes) que suscita dudas sobre la credibilidad de sus promesas y sobre su fiabilidad como socio” (sic!!!). “Parece ser un gobierno que no escucha a su pueblo”. Es difícil hacer declaraciones más insensatas.
No solo el Talibán no escucha al pueblo afgano; lo reprime y lo mata. Pero el representante europeo tiene ‘dudas’ sobre la confiabilidad de los talibanes.
Parece no haberse enterado que el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del actual gobierno fundamentalista no solo impone la vestimenta de las mujeres y prohíbe que se eduquen y salgan a la calle o se rían, sino que segregó hombres y mujeres en los parques públicos asignando 4 días para ellos y 3 días para ellas, siempre por separado.
Durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos dedicada a Afganistán, Michelle Bachelet había advertido la llegada de informes desgarradores y creíbles sobre el impacto en los civiles de las violaciones del derecho internacional humanitario, así como de violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos.
En su momento, Bachelet explicó que muchos de estos abusos habían ocurrido en zonas bajo control efectivo de los talibanes (incluso ante de la retirada) e incluían ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad nacionales afganas; restricciones a los derechos de las mujeres -incluido su derecho a circular libremente y el de las niñas a asistir a la escuela-; reclutamiento de niños soldados; y represión de las protestas pacíficas.
“Muchas personas temen ahora las represalias de los talibanes contra quienes colaboran con el gobierno o con la comunidad internacional, contra quienes han trabajado para promover los derechos humanos y la justicia, o contra quienes, sencillamente, consideran que su estilo de vida y sus opiniones son contrarios a la ideología talibán”, había advertido cuando los talibanes retornaron al poder, tras la fuga estadounidense.
Bachelet reiteradamente aseguró que “el incumplimiento por parte de las autoridades de facto de los compromisos de reabrir las escuelas para niñas a partir del sexto grado es profundamente perjudicial para Afganistán” y para “los derechos humanos de las mujeres y las niñas a quienes deja más expuestas a la violencia, la pobreza y la explotación”.
El esfuerzo y sacrificio de miles de afganas que incluso le manifestaron a Bachelet su disposición a hablar con los talibanes, para proponer soluciones y reabrir las aulas, está agonizando. Muchas han debido huir y las pocas activistas sociales que quedaron (políticas locales, líderes provinciales y de ONGs y diputadas afganas), están abandonadas a su suerte tras el caos de la evacuación estadounidense.
Como señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, “la decisión de los talibanes anula el derecho de toda una generación de niñas adolescentes a una educación, y les arrebata la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para labrarse un futuro”.
El drama por venir
Pero lo que la prensa occidental silencia –preocupada obsesivamente por el conflicto ruso-ucraniano desatado con cinismo por los intereses petroleros (tal como denunció Naciones Unidas)– es la crisis humanitaria y el drama que se asoma en Afganistán donde 23 millones de personas están en situación de hambre.
Según Naciones Unidas, Afganistán se encamina a convertirse en la mayor crisis humanitaria del mundo, con requerimientos más dramáticos que los de Yemen, Etiopía, Siria o Sudán del Sur.
Ya en enero pasado, ONU y sus socios humanitarios hicieron un llamamiento para reunir u$s 5.000 millones para poder reactivar en Afganistán los servicios básicos y la ayuda humanitaria para salvar las vidas de los afganos. Pero los fondos llegan con cuentagotas mientras fluyen copiosamente en armas para que el conflicto en Ucrania no se detenga.
La ONU advierte que la delicada situación humanitaria y económica en Afganistán precisa “una acción inmediata”. La economía afgana está en pleno colapso con más del 80% de la población endeudada, mientras el 95% de los afganos no tiene suficiente comida.
En las primeras ocho semanas de 2022, los socios humanitarios auxiliaron a 12,7 millones de personas priorizando a mujeres, niñas y grupos minoritarios. “Las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género han sido abandonadas”, denuncia Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Más de 24 millones de personas –el 60% de la población– necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. UNICEF calcula que 38% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica y un millón pueden morir de hambre si no se toman medidas inmediatas.
El Secretario General de ONU, Antonio Guterres denuncia que la situación es tan dramática que “la gente ya está vendiendo a sus hijos y partes de su cuerpo para poder alimentar a sus familias. La economía de Afganistán ha colapsado. Hay muy poco dinero en efectivo. Más del 80% de la población está endeudada… y el personal esencial en escuelas y hospitales que lleva meses sin cobrar”.
La respuesta debe ser urgente: el 97% de los afganos podría caer por debajo del umbral de la pobreza y las necesidades humanitarias se han triplicado.
El gobierno de EEUU ha hecho una singular interpretación de la necesidad de ayuda que tiene el pueblo afgano. Como en los bancos estadounidenses existían u$s 7.000 millones de reservas afganas (propiedad del pueblo afgano) el 11 de febrero de 2022, Biden emitió una orden ejecutiva asignando u$s 3.500 millones de esas reservas federales afganas congeladas, para las familias de las víctimas de los ataques del 11 de setiembre de 2001 y los u$s 3.500 millones restantes serían destinados a ayuda humanitaria hacia Afganistán, condicionados a lo que la justicia de EEUU resuelva en su momento.
Es decir: te ayudo devolviéndote quizás la mitad de lo que es tuyo… Un verdadero saqueo bajo el farisaico manto de ‘contribución humanitaria’. Afganistán tiene incluso otros u$s 2.000 millones en reservas congeladas en Alemania, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Por eso, Guterres apeló a la comunidad internacional a encontrar el modo de evitar que el pueblo afgano sufra el impacto de la interrupción del apoyo y la congelación de u$s 9.000 millones en activos afganos en el extranjero: “Debe ponerse a disposición dinero en efectivo, para que la economía afgana pueda respirar, y el pueblo afgano pueda comer. Los países ricos y poderosos no pueden ignorar las consecuencias de sus decisiones sobre los más vulnerables. El primer paso de cualquier respuesta humanitaria significativa debe ser detener la espiral mortífera en que se encuentra la economía afgana”.
La coyuntura es tan dramática que la petición de fondos para Afganistán es de 4400 millones de dólares, el mayor llamamiento del mundial para un solo país.
“Les pido –clamó Guterres– que proporcionen financiación incondicional y flexible lo antes posible… para salvar vidas”. Hasta ahora, el llamamiento solo ha sido financiado por menos de un 13%, pero Ucrania ha recibido 10 veces aquella cifra en armas, solo en los dos primeros meses de su guerra con Rusia.
“Pido a quienes tienen influencia que la utilicen para presionar a las autoridades de facto para que cumplan su promesa de reabrir las escuelas para todos los estudiantes, sin discriminación ni más demora. Y mientras esperamos que las niñas vuelvan a la escuela, no podemos utilizar su educación como instrumento de negociación”.
Guterres explicó que no hay “ninguna razón para retener la ayuda humanitaria basándose en esta decisión de las autoridades de facto… el pueblo afgano no puede ser doblemente castigado”.