Crece la tendencia a traicionar la lucha climática
22 jul 2022
Mientras Europa claudica de sus ambiciones “verdes” e incluye al gas y la energía nuclear como “limpias” para poder seguir financiándolas, Bolsonaro en Brasil continúa con sus políticas desarrollistas y contradice las propuestas acordadas en Glasgow (COP26). Ambas resultan muy malas noticias para el Planeta.
Jair Bolsonaro mediante la ley llamada de “Transición Energética Justa”, adoptó la decisión de continuar utilizando el carbón, el combustible fósil más contaminante, durante dos décadas más, para generar energía eléctrica.
La ley dispone la posibilidad de continuar usando y subsidiando el carbón como fuente de energía por lo menos hasta 2040, en un claro retroceso en la lucha por el clima de nuestro Planeta y en la búsqueda de alcanzar cero emisiones.
Hasta el 2021, Brasil se había comprometido a terminar con los subsidios a las plantas de carbón para 2027 y estaba previsto rescindir la autorización de tres nuevas plantas en 2025. Asimismo, en la cumbre climática de la ONU, en Glasgow, Brasil había manifestado su decisión como país, de reducir la mitad de sus emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Sin embargo, había señales de hacia dónde se dirigiría Brasil de la mano de Bolsonaro. Cuando en la COP26 más de 70 países se comprometieron a poner fin a fuentes fósiles de energía como el carbón para mediados de siglo, Brasil se negó a firmar ese acuerdo. Meses después mostraba las cartas: aprobaba esta ley en beneficio de los productores de carbón en el estado de Santa Catarina y reiteraba su posición negacionista con relación a la crisis climática.
Solo les interesa el “clima” electoral
Bolsonaro está además urgido por el panorama electoral (elecciones presidenciales en octubre). Lucha por su reelección, enfrentado a Lula Da Silva –favorito en las encuestas– y está necesitado del apoyo de los grandes industriales, por lo que ha decidido olvidar aquellos compromisos. De hecho, su decisión fue celebrada como un triunfo por las empresas y el mercado, “un verdadero indulto a la industria del carbón”.
El gobierno de Bolsonaro sostiene que la ley está orientada a garantizar que el proceso de transición energética y los eventuales beneficios del cambio hacia una economía verde, no perjudiquen a industrias, comunidades o consumidores. Por ese motivo, el gobierno seguirá comprando el suministro de energía del complejo carbonífero de Santa Catarina a precios superiores al mercado, como forma de subsidiarlo.
Ante un escenario de recursos cada vez más escasos, el sector del carbón insiste en la ampliación de las subvenciones. Hasta el año pasado, el sistema funcionaba a través de un fondo proveniente de cargos a las empresas de distribución de energía para desarrollar el sector energético, incluido el carbón (Cuenta de Desarrollo Energético). En 2020, los productores de carbón recibieron 670 millones de reales en subsidios y el CDE debe continuar subsidiando al carbón.
La decisión tiene varias consecuencias negativas: pone nuevamente al carbón como el combustible central hasta 2040, contribuye con ello a aumentar las emisiones globales de CO2 que ya están disparadas con records históricos, y por último, rompe el último puente para cerrar el acuerdo UE-Mercosur, ya que Francia exigía que se cumplieran las protecciones ambientales.
Es cierto que consumo total de Brasil es cien veces menor que el de China, pero ello no significa que no sea un aporte más a la contaminación planetaria.
A contramano
El intento de revitalizar la industria del carbón, se suma a un contexto de continuas denuncias de deforestación en el Pantanal y el Amazonas, de propagación tolerada de incendios forestales para favorecer la expansión ganadera y de la industria de la madera y de reducción de la supervisión ambiental del país, lo que ha profundizado la una imagen negativa en cuanto a la agenda verde.
Cabe recordar que Brasil camina a contramano de su propia historia cuando era protagonista de la defensa de la naturaleza como “casa común de los humanos” en la Conferencia de Río 1992. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Curitiba, João Alfredo Lopes Nyegray, considera que “Brasil, como protagonista de la agenda medioambiental, se está quedando atrás”. Y recuerda que el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE permanece en “stand by por parte de los europeos, porque no están de acuerdo con las actuales posturas brasileñas en materia de conservación”.
El problema no es solo Bolsonaro. Es una concepción ‘desarrollista’ de la elite dirigencial empresaria y política de Brasil, que llevaron a Lula da Silva a permitir una deforestación amazónica mayor aún que la de Bolsonaro y una reducción de los controles ambientales. Esa laxitud provocó la expulsión de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, una extraordinaria dirigente ecologista que criticaba los planes de “desarrollo” que Lula y Roussef impulsaban.
Aquel conflicto subyace en la actualidad: Marina no aceptaba los proyectos de desarrollo que Lula y Roussef pretendían llevar a cabo en el Amazonas y en especial, la explotación petrolera y minera, que propiciaban.
Ahora, empujado por la necesidad de no dividir la coalición de diversos partidos que lo apoyan, Lula vuelve a levantar una plataforma ambientalista y de centro, poco creíble frente a la historia Entre 2003 y 2008, la deforestación ilegal cayó abruptamente por la acción de la ministra Silva para volver a sus niveles habituales tras su renuncia.
Para Shigueo Watanabe Jr, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo y miembro de ClimaInfo la decisión del gobierno de Bolsonaro es anacrónica: “Esta medida del gobierno brasileño va en contra del mundo… Existe una presión internacional para que los países dejen de quemar carbón porque el impacto climático es muy grande, a escala mundial”. El carbón es el combustible fósil más contaminante y los científicos insisten en que “si queremos limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, tenemos que detener la totalidad del uso de carbón cuanto antes”.
El anacronismo es evidente y muchos líderes empresariales y analistas económicos comparten esa opinión: “Impulsar nuevamente la industria del carbón es un movimiento en la dirección equivocada”. Las explicaciones son múltiples. Por un lado, la presión internacional para que el mundo deje de quemar carbón es cada vez más fuerte a escala global por su grave impacto climático. Por tanto, conseguir inversores en nuevos fondos para el carbón en Brasil no será fácil. La tendencia mundial –como advirtiera BlackRock– va en sentido contrario y la financiación para el carbón será cada vez más escasa.
Brasil pretende invertir u$s 3.700 millones (20.000 millones de reales) en la fuente de energía más contaminante del mundo –siendo que el carbón representa menos del 5% de la matriz energética del país– para revitalizar la producción de electricidad a carbón en el sur de Brasil, región que posee las mayores reservas de este mineral y territorio proclive a votar por Bolsonaro.
El gobierno brasileño fomenta el uso del carbón, el combustible fósil más contaminante, pese a la movilización mundial a favor de la adopción de energías renovables. Pero no está de más recordar que coincide con lo que están haciendo la UE, India, China y EEUU.
Se busca un socio
Pero recaudar los fondos que pretende Bolsonaro será el difícil desafío. Sus funcionarios apostaban a atraer inversión extranjera ya que el BNDES no financia desde 2018, plantas de carbón. Por ello, el gobierno espera atraer financiación del extranjero, aunque esto también puede significar desafíos.
Fernando Luiz Zancan, presidente de la Asociación Brasileña de Carbón Mineral (ABCM) quizás con información ‘vieja’, consideraba la alternativa de China, que “siempre ha sido un socio para los proyectos térmicos en el mundo” y recordaba que más del 70%de las centrales eléctricas de carbón que se construyen en el mundo son financiadas por los fondos chinos.
Además China mantiene un fuerte vínculo con el sector energético brasilero: PowerChina (estatal) tiene intereses en la planta de Pedras Altas (Rio Grande do Sul), que tendrá una capacidad de 600 MW y empresas chinas llevan invertidos unos u$s 36.500 millones de dólares en proyectos energéticos en Brasil en el período 2005-2020. Unos u$s 1.500 millones estuvieron destinados al carbón.
Pero los datos merecen una actualización. En septiembre 2021, el presidente Xi Jinping anunció –en línea con su programa de “Civilización ecológica” – que China dejará de participar en la construcción y el financiamiento público de centrales eléctricas de carbón en el extranjero.
Aunque Zancan cree que “aún hay que esperar”, Dos Santos, presidente de la Federación Interestatal de Trabajadores de la Industria de la Extracción del Carbón del Sur (Fitiec) tiene una visión más realista: “Habrá que encontrar un sustituto a China, porque sin este país los planes de instalación de nuevas centrales térmicas se verán afectados”.
El temor es que las nuevas inversiones para la minería del carbón, que requieren de unos tres años de burocracia, estudios de mitigación del impacto ambiental y licencias, más los desembolsos, no tengan interesados para un plazo tan corto de subsidios y explotación: “Corremos el riesgo de quedarnos sin nuevos proyectos por la falta de expectativas de futuro”, añade con razón Dos Santos.
A todas luces la apuesta de Brasil o de Bolsonaro aparece como a contramano de la realidad mundial y de la propia historia.