Los gobiernos siguen subsidiando a los combustibles fósiles
ene 2020
Han pasado diez años del compromiso asumido por los países del G20, de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles. Pero siguen vivitos y coleando, sin cambios, pese a ser los mayores responsables de la catástrofe ambiental que se cierne sobre el Planeta.
Nos distraen con el reciclado de nuestro consumo o con los alimentos que deberíamos comer (ambas cosas está muy bien hacerlas) pero los 20 países más relevantes del mundo tienen economías que todavía dependen en un 82% en energías provenientes del carbón, gas y petróleo, a los que además subsidian con miles de millones de dólares. Esos mismos países del G20 son los responsables del 79% de las emisiones globales.
Los miembros del G20 concentran tres cuartas partes del comercio global y en conjunto representan más del 80% del PBI a nivel global, dos tercios de la población y a los países con mayor territorio del mundo.
Pese a las declamaciones y los golpes de pecho de gobiernos e instituciones, el gasto en subsidiar a los combustibles fósiles (básicamente por presión de las grandes petroleras) se incrementó en los países del G20, pasando de u$s 75.000 millones en 2007 a u$s 147.000 millones en 2016, último año que el grupo brindó información en la materia. Ello equivale a la suma total del PBI nominal de los 50 países más pobres o más pequeños de la Tierra.
Pero si ampliamos el foco más allá del G20, el gasto global en subsidios, según el Informe «Inventario de medidas de apoyo para combustibles fósiles 2018» de la OCDE, oscila entre los u$s 350.000 millones y los u$ 550.000 millones por año en el período 2010-2015, siendo notoriamente menor el apoyo al petróleo y al gas natural frente a los subsidios al carbón, el más contaminante de todos.
Las estimaciones de OCDE no cubren todos los subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial, por lo tanto, es probable que aún sean cifras muy por debajo de las reales. Tanto las cifras que aportan la OCDE como la Agencia Internacional de Energía (AIE) solo incluyen subsidios al carbón, gas natural y productos derivados del petróleo, pero no los subsidios a la electricidad producida con estos combustibles, que son enormes.
El informe tampoco incluye ninguna estimación del costo de las externalidades como resultado del uso de combustibles fósiles, como los que se producen por el cambio climático, algo que el FMI ya ha empezado a incluir para calcular esas subvenciones.
China, EEUU y la UE encabezaron el ranking de mayores subsidios. Según un estudio del FMI los subsidios a combustibles fósiles representaron en 2015, el 6,3% del PBI global. El apoyo financiero total a la energía renovable, por el contrario, solo tuvo aportes por u$s 121.000 millones.
Sin subsidios, las emisiones de gases de efecto invernadero habrían sido casi un 30% más bajas.
Pero no solo no han reducido los subsidios tal como se habían comprometido sino que han seguido inyectando enormes volúmenes de dinero para continuar generando energía a través de esos mismos combustibles fósiles, al punto que solo entre 2013 y 2015, los miembros del G20 gastaron u$s 91.400 millones por año en nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas.
EEUU y Japón, los peores
Bajo la administración Trump y su apoyo desembozado a la industria del fracking y el carbón, EEUU ha otorgado millones para la exploración, producción y consumo de combustibles fósiles en su territorio y en el extranjero. Su apoyo a su amigo y aportante de su campaña electoral, Robert Murray, dueño de Murray Energy Holdings Co, el mayor productor privado de carbón del país, no pudo evitar una estrepitosa bancarrota por la caída de la demanda de esa materia prima. Murray, un negacionista del cambio climático, fue acusado por Elon Musk de recibir subsidios encubiertos en el gobierno de Trump.
La postura de las grandes corporaciones petroleras es ambivalente. Mantienen por una parte sus operaciones de lobby para lograr el menor control regulatorio posible y el mantenimiento de los subsidios y por otro, se muestran contrarios a que EEUU se retire del Acuerdo de París. Es que han invertido miles de millones de dólares en la investigación y el desarrollo de fuentes de energía limpias y sostenibles, empujadas por el colapso de los precios del crudo desde 2014, por la casi nula rentabilidad del fracking y por el notable abaratamiento de las energías limpias.
Japón por su parte, gastó u$s 3.800 millones en subsidios otorgados a través de transferencias directas y reducciones de impuestos, en 2016, lo que significó más que duplicar los otorgados en 2007. Además, gasta miles de millones de dólares en construir centrales de carbón en países vulnerables al cambio climático y no provee informes sobre su política fiscal de apoyo a los subsidios a combustibles fósiles ni acepta el mecanismo de revisión del G20.
Porqué subsidios?
Las formas más comunes que adoptan los subsidios son las exenciones fiscales, incentivos financieros, reembolsos y bonificaciones. En algunos casos están destinados a la producción de hidrocarburos y otras, al consumo de los mismos, para disminuir los precios del combustible o la electricidad a los consumidores.
Subsidiar la extinción o el deterioro medioambiental es a todas luces una verdadera herejía. Pero además, con energías renovables cada vez más competitivas, los subsidios a los combustibles fósiles tampoco se justifican desde el punto de vista económico. Según la Agencia Internacional de Energía Renovable, el costo de generar energía solar, por ejemplo, ha caído 73% desde 2010.
Sin embargo, los subsidios se mantienen significativamente altos a nivel global, así como también la inversión en proyectos de gas natural y petróleo, al punto en que ésta se incrementó en 2018 mientras las inversiones en energías renovables disminuyeron debido a que los miembros del G20 empujan para que el gas natural sea el combustible de transición, pese a no ser éste una energía limpia.
Aunque los subsidios son defendidos como medidas o mecanismos para combatir la pobreza, la realidad es que esos aportes destinados a los combustibles fósiles en general no llegan a los hogares más vulnerables, sino que tienden a beneficiar a los segmentos más ricos de la sociedad, fomentar un “derroche” de consumo de energía y frenando la inversión en energías renovables y en eficiencia energética.
Políticos y gobiernos encuentran buenos argumentos para hacer más accesible la energía a los sectores más pobres y vulnerables, en general como una forma “facilista” de desarrollar políticas sociales. Pero los resultados suelen caer en otros bolsillos: el de las empresas que reciben exenciones y beneficios y los segmentos más ricos de la población que consumen mucho más combustible y energía subsidiada.
La eliminación de los subsidios al consumo de combustibles fósiles no solo es un pilar de una política de energía sólida sino un paso inexorable para la necesaria transición energética si pretendemos frenar el cambio climático. El justo acceso a la energía de los sectores más pobres debe responder a una política especialmente direccionada, que no termine encubriendo beneficios a las grandes compañías petroleras.
Los subsidios provocan tres grandes perdedores: la situación ambiental por aumento de las emisiones, los presupuestos nacionales por reducción de recursos y la salud de los ciudadanos.
En el Reino Unido, la acción ciudadana ha logrado que el gobierno suspendiera el fracking. En 2013, George Osborne, entonces canciller, había anunciado grandes subsidios: “el régimen fiscal más generoso del mundo para el gas de esquisto (…) para que Gran Bretaña fuera “líder de la revolución del gas de esquisto”. Por la presión popular, el pasado noviembre, el gobierno tuvo que ordenar la suspensión del fracking cuando un informe reveló la imposibilidad de predecir “la magnitud de los terremotos” causados por la técnica del fracking.
Mantener los actuales subsidios nos arrastra a un mundo alto en carbono. Los combustibles fósiles generan contaminantes (dióxido de carbono y metano) dañinos para la salud cuando se queman y también durante el proceso de extracción. Parece que olvidamos que la quema del carbón, el gas y el petróleo matan 7 millones de personas al año por contaminación y está vinculada a importantes reducciones en la inteligencia, tal como advirtieran la investigación de las Universidades de Beijing (China) y Yale (EEUU), publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Por otra parte, la dimensión alcanzada por los subsidios significa una enorme restricción de recursos en los presupuestos nacionales, que podrían disponerse para salud, educación o vivienda. Según estudios recientes, la eliminación de los subsidios elevaría los ingresos de los gobiernos en u$s 2,9 billones, es decir el equivalente al 3,6% del PIB mundial.
Pero los gobiernos siguen subsidiando a los combustibles fósiles, respondiendo a las presiones de las grandes corporaciones petroleras y eléctricas. ¿Hasta nuestra extinción?