La medida impulsa responsabilizar a las naciones que atenten contra el medio ambiente
01 abril 2023
A fines del pasado mes de marzo, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una resolución “histórica” que pide a la Corte Penal Internacional aclarar las “obligaciones” de los Estados en materia de lucha contra el calentamiento climático. El texto fue impulsado por Vanuatu, un país del Pacífico Sur, considerado uno de los países que podría desaparecer como consecuencia de la crisis climática y el aumento del nivel del mar.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tendrá de este modo, la posibilidad (de fuerte impacto político-mediático) de considerar y valorar “las obligaciones que incumben a los Estados” en la protección del sistema climático “para las generaciones presentes y futuras”.
Quizás con una dosis de exagerado optimismo los 130 Estados miembros que apoyaron la resolución junto a muchas ONGs ambientales, lo celebraron como “un paso histórico y un triunfo de la diplomacia climática internacional”. El propio Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló a los delegados que, aunque no sea vinculante, las consideraciones del organismo judicial podrían contribuir a que los dirigentes del Planeta adoptaran las necesarias “medidas climáticas valientes y fuertes”.
La realidad es algo menos esperanzadora. Hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional (CPI) –también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI)– es un tribunal de justicia internacional permanente que tiene la misión del enjuiciamiento de última instancia de crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad).
Lo positivo es que abre el paso a los procesos de ‘ecocidio’ ausentes del tratamiento jurídico en la mayoría de las legislaciones nacionales. Pero la CPI adolece de una debilidad estructural grave: solo es reconocida por 123 Estados (menos de dos tercios de los países del mundo: 33 africanos, 19 de Asia Pacífico, 18 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental junto a otros Estados pequeños).
Además su autoridad es desconocida por los países más poderosos del Planeta: EEUU, China y Rusia, a los que se suman otros muy relevantes como India, Pakistán, Turquía, Israel, etc.
Paso simbólico frente a la ‘verdad estadounidense’
Sin duda se trata de un paso simbólico de importancia moral. Fue una iniciativa que el gobierno de Vanuatu propició en 2021 ante la extrema emergencia de que las islas del Pacífico puedan desaparecer por el aumento del nivel del mar.
Para Ishmael Kalsakau, primer ministro de Vanuatu, es comprensible que la aprobación de la Asamblea de la ONU sea “una victoria épica para la justicia del clima”, una opinión compartida por Lavetanalagi Seru, coordinador en el Pacífico de la red de ONG Climate Action Network, quien lo consideró “una “victoria para los pueblos y las comunidades de todo el mundo que están en la primera línea de la crisis climática”.
Pero la realidad muestra un rostro más cruel: EEUU siguiendo su línea argumental histórica, que ya defendió en la Cumbre Climática de Egipto en noviembre pasado, se manifestó en descuerdo con la iniciativa porque se oponen a cualquier idea de “compensaciones o reparaciones” por su responsabilidad en el calentamiento global. Es decir, no quiere asumir responsabilidades por lo que ha contaminado a lo largo de más de un siglo.
Pero no es nuevo. Ya lo había hecho en 2015 en el Acuerdo de París, donde entones introdujo una cláusula que especificaba que “no se podría utilizar como base para comprometer responsabilidades o compensaciones”.
Ahora el representante estadounidense Nicholas Hill volvió a asegurar que su país preferiría “la diplomacia a un proceso judicial” que puede acentuar los desacuerdos”. Lo que no dice es que una sentencia judicial es menos manipulable que la ‘presión diplomática de la primera potencia militar del mundo’: “Estamos muy preocupados de que este proceso pueda complicar nuestros esfuerzos colectivos y no nos acerque a los objetivos climáticos comunes”.
Una muestra de la dura posición estadounidense en contra de cualquier control sobre la actividad contaminante la ha producido de manera lacerante un reciente fallo de la Corte Suprema de EEUU (julio 2022) reduciendo los poderes de la Agencia de Protección Ambiental del país para combatir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El bochornoso fallo histórico de la mayor instancia judicial de Estados Unidos no solo representa un gran revés para la lucha climática global sino una elocuente demostración de la verdadera posición de los líderes del país. El fallo fue propiciado por West Virginia y otros 18 estados (en su mayoría gobernados por republicanos) junto a las compañías de carbón más grandes del país.
Lo que preocupa a Washington es que la resolución de la ONU hace referencia a las “acciones” de los estados responsables del calentamiento y sus “obligaciones” no solo con los pequeños estados insulares, sino con las poblaciones de hoy y del futuro que podrán ser afectadas.
Esos países con el acompañamiento de Naciones Unidas esperan que esta resolución empuje a los gobiernos a acelerar sus acciones o que las demandas judiciales contra los Estados se multipliquen en todo el mundo y contribuyan a acelerar los procesos, como sucediera en el juicio contra Shell en Países Bajos, donde un tribunal de La Haya condenó en 2021 a la petrolra a reducir sus emisiones un 45% para 2030. La demanda había sido interpuesta dos años ante por Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) junto a otras seis organizaciones y con el apoyo de más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas neerlandeses.
Una vez más, como en la COP 27 se trata del reclamo de los países más pobres y afectados para que se les reconozca el derecho a obtener financiación para “reparar pérdidas y daños”, por parte de los grandes contaminadores. En esa dirección puede inscribirse la condonación de deudas por 20.000 millones de dólares que China hizo, a través del presidente Xi, a los países africanos.
Freno en el camino al colapso?
Al estar los máximos responsables de la contaminación en ascenso fuera de la jurisdicción de la CPI, sus consideraciones legales no son vinculantes y todo indica que la crisis climática continuará en su tránsito acelerado hacia superar la meta del 1,5°C en 2030-2034, cuando estaba prevista para finales de siglo.
Es lo que advierten los propios expertos de Naciones Unidas: Un nuevo informe de la agencia meteorológica de la ONU constata que el aumento de sostenido de las temperaturas por el cambio climático continuará en los próximos años y que el clima será cada vez más extremo. Hay un 50% de probabilidades de que en los próximos cinco años, la temperatura media anual del Planeta supere en 1,5 C los niveles preindustriales.
Un elemento interesante en el marco de la resolución es que, al no ser vinculantes los compromisos nacionales de los Estados para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, se insta a recurrir a otros instrumentos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A raíz de sus investigaciones sobre el aumento del nivel del mar, la justicia climática y las emisiones globales de metano, la Dra. Shaina Sadai, (UMass Amherst) perteneciente a la Union of Concerned Scientists, se muestra particularmente interesada en cómo se puede aplicar el derecho internacional a los cambios que traerán esos impactos: “Esta resolución pone en el centro los derechos humanos y la igualdad entre las generaciones en materia del cambio climático, dos elementos clave generalmente ausentes del discurso dominante… Describir (la resolución) como el avance más importante a nivel mundial desde el Acuerdo de París parece exacto pues es un paso increíblemente importante, ya que puede servir como ‘guía’ para los tribunales nacionales de todo el mundo, que cada vez tienen que hacer frente a más demandas judiciales contra los Estados”, declaró a France Press.
Aunque las opiniones de la CIJ no sean vinculantes, tienen un peso legal y moral relevante, sobre todo en un momento en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos trata una primera demanda climática contra países como Francia y Suiza.