La sequía amenaza la economía y la vida en ese país
mar 2020
Chile enfrenta la mayor sequía de su historia, una verdadera megasequía. Por más de 10 años, una parte importante del territorio chileno ha soportado bajos niveles de precipitaciones por debajo de sus registros históricos. Nunca había ocurrido algo semejante.
Con 119 comunas entre las regiones de Atacama y el Maule en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por escasez hídrica, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la sequía.
Seis regiones del centro del país, que concentran casi el 80% de la población están acorraladas por una crisis hídrica sin precedentes. Fotos satelitales muestran las zonas desérticas del norte avanzando sobre la capital Santiago.
En esas regiones las pérdidas de animales por la falta de agua, se estiman por encima de las 10.000 cabezas de ganado caprino y bovino. En Chile existen 60 embalses, que son abastecidos por distintas cuencas a lo largo del territorio. En total tienen una capacidad de 12.900 millones de mts3 de acopio.
Pero a mediados del pasado año estaban por debajo del 40%. Algunos acuíferos como el Rungue (Tiltil) y Los Molles (Santo Domingo), están completamente secos. Peñuelas (Valparaíso), que tiene sólo el 1% de su capacidad; Laguna del Maule (el principal abastecedor de riego de la región centro), un 22%; y El Yeso (del que se abastece de agua la capital) sólo está al 28% de su capacidad.
El déficit de lluvia en la zona central del país, donde se encuentran la mayoría de los embalses proveedores de riego y agua potable, supera el 80%, según el último informe de la Dirección General de Aguas (DGA).
Chile como todo el hemisferio sur está en pleno verano: “Estos meses que vienen son los más críticos. No hay proyecciones de lluvia…” advierte un experto. “Desde el 15 de enero empiezan a bajar los volúmenes de agua y queda de trabajo todo febrero y todo marzo, estamos tratando en una etapa muy complicada. Se va a producir en estos meses siguientes un descuadre entre la demanda por la agricultura y el agua de consumo con lo que está ofreciendo la cuenca”.
El gravísimo problema de la sequía en Chile no responde a algo ocasional y temporario. Como señala el ingeniero Rodrigo Fuster Gómez, profesor de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile “independientemente de la variabilidad climática –que el próximo año sea lluvioso, por ejemplo, y nos olvidemos de la sequía inmediata– el fenómeno del calentamiento marca una tendencia en Chile central… Como las temperaturas medias son mayores y las pocas precipitaciones se acumulan en los Andes a mayor altura que antes, resulta inevitable pensar que Chile tendrá menor capacidad hídrica en los ríos que dependen del derretimiento de nieve en la cordillera”.
La situación es de tal gravedad que todos los responsables políticos lo reconocen. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha definido esta sequía como “un terremoto silencioso”. Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente plantea que “Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático” y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno al lanzar la campaña ‘Cuidemos el agua’ admitió que “estamos viviendo la peor sequía de nuestra historia. Chile se está secando y todos debemos ser parte de la solución”.
Hasta allí, la respuesta gubernamental chilena pareciera diferir del “negacionismo” explícito de los líderes australianos. Incluso el país sudamericano se plantea liderar la Alianza de la Ambición Climática, que compromete a otras 70 naciones, en el recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero con miras a convertirse en carbono neutral (emisiones cero) en 2050. Y ha anunciado que en los próximos cinco años saldrán de operación ocho centrales eléctricas a carbón.
Chile, que apenas emite el 0,25% de las emisiones globales de GEI, parece reconocer que está entre los 10 países que se verán más afectados por el cambio climático, tal como lo señalan diversos estudios. Es por eso que el país decidió asumir la responsabilidad de reaccionar al llamado categórico contundente de Naciones Unidas de enfrentar la emergencia.
Sin embargo, Chile tropieza con un problema heredado de la dictadura militar de Pinochet (1973-1990). Se calcula que en la actualidad el 80% de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía. Lo que lo hace uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo del recurso agua.
Fuster Gómez explica “que al ser privado el derecho de aprovechamiento de agua, el Estado tiene pocas atribuciones para tomar decisiones sobre su gestión”. Diego Ibáñez Cotroneo, un joven diputado egresado de la Universidad católica y militante ambientalista hace un diagnóstico preciso de esa situación: “el Estado no se hace cargo de la estructura de desigualdad anidada en el Código de Aguas chileno, que se remonta a la dictadura de Pinochet y privatizó un bien común. Actualmente, quien tiene mayor capacidad de pagos de derechos de agua controla la cuenca. La naturaleza en Chile se organiza como una sociedad anónima”.
El Código de Aguas de Chile establece que el recurso es un “bien nacional de uso público”, pero que su “derecho de aprovechamiento es privado”, en tanto es un bien económico, y como tal, la forma más eficiente de gestionar su asignación es a través del mercado, precios y los derechos de propiedad privada. Y las concesiones de agua son a perpetuidad. En otras palabras, los ‘dueños del agua’ (corporaciones mineras, eléctricas y agrícolas) son quienes deciden a quién otorgarla, cómo utilizarla, y quienes gozan de sus réditos. La opción de adquirir derechos de agua en el mercado privado se cotizan entre 13.000 y 20.000 euros el litro de agua por segundo.
La guerra por el agua ante la sequía, ha tentado a las empresas poseedoras a hacer extracciones ilegales en los acuíferos, por encima de sus permisos, es decir “robar agua”. Figuras de reconocida trayectoria empresarial y política, como el ex ministro Edmundo Pérez Yoma, propietario de Agrícola Cóndor (sancionado en 2017 por la Corte Suprema, junto a otros propietarios agrícolas) o la compañía Agrícola Pililén, del ex diputado Eduardo Cerda García y su familia (multado por extraer agua un 600% por encima de lo autorizado). Y existen otros 167 expedientes de extracción irregular pendientes.
Sucesivos gobiernos no se han atrevido a modificar esa situación o han sido cómplices manifiestos de dejar un recurso vital para la supervivencia en manos de empresas guidas por la lógica del beneficio. A pesar de las protestas populares contra la sequía, el 7 de enero pasado, el Senado rechazó declarar el agua como un recurso público.
Un reciente informe de Fundación Chile, con fuertes vínculos empresarios, pone en cambio, el acento en que el 44% de los problemas hídricos del país provienen de una deficiente gestión del agua (17% aumento de la demanda, 14% contaminación del recurso y 12% disminución de la oferta).
Pero la desigualdad que la falta de agua ha generado es producto de la ausencia de normas de ordenamiento territorial que regulen los cultivos según las capacidades de recarga y flujo de agua en las cuencas.
Un ejemplo brutal de ello, lo constituyen cultivos como el del aguacate en la provincia de Petorca. Hace más de una década que esta zona, como gran parte de Chile, sufre una grave sequía por los efectos del cambio climático, pero también por la actividad de las agroexportadoras dedicadas al cultivo de aguacate o palta.
La palta o aguacate es llamado también el “oro verde” por los altos precios que tiene en el mercado internacional. A partir del 2000, grandes compañías se instalaron en varias regiones de Chile y en especial, en Petorca y Quillota, para dedicarse a este cultivo, atraídas por la posibilidad de disponer de agua en propiedad y sin controles.
Según The Water Footprint Network, producir un kilo de palta requiere unos 2.000 litros de agua. El aguacate o palta es un frutal que demanda enormes cantidades de agua, entre 150 a 200 litros diarios por árbol. En una hectárea de cultivo entran 500 árboles, es decir unos 100.000 metros cúbicos de agua en régimen de riego, lo que equivale al consumo diario de agua de unas 1.000 personas.
En Petorca, las empresas palteras para alojar sus plantaciones eliminaron el bosque nativo y extraen el agua de las napas subterráneas de los dos ríos: Petorca y Ligua. La extracción de las aguas superficiales fue de tal magnitud que ambos se han secado y en 2012, la cuenca fue declarada “zona de escasez hídrica”.
En la actualidad, según la oficina estatal de Estudios y Políticas Agrarias, Chile está entre los diez países mayores productores del mundo con cultivos sobre una superficie de casi 30.000 has. y es el tercer exportador mundial de paltas que vende a Europa, EEUU, China y Argentina.
Mientras tanto, la población rural y de pequeñas ciudades está recibiendo dos veces por semana, agua en camiones aljibe a razón de 50 litros diarios por familia. “Vemos impotentes –confiesa un lugareño–cómo tomamos agua del camión aljibe, el dueño de una de las grandes hortícolas de la zona, riega cientos de hectáreas de paltos y mantiene dos estanques de acumulación de agua”.
En la actualidad en Chile, el agua potable se utiliza en un 57% para forestales, el 37% para uso agrícola y minería y solo 2% a 5% para el consumo humano.
En el país, casi 1,5 millones de personas viven sin agua potable (8% de la población). El modelo agroexportador chileno no solo ha arrasado con el paisaje sino con la vida misma de los campesinos, que se han quedado, ante la falta de agua, sin animales, sin poder producir sus alimentos y sin nada.
Como señala Rocío Espinoza, directora de la Fundación Amulen, se trata de una sequía que va hacia la desertificación: “esa situación deja actualmente a 1.400.000 personas sin agua potable en Chile. Y ya hay regiones donde se sufren otras consecuencias. En la IV región prácticamente 11 de las 15 comunas están con una brecha hídrica alta y tienen alta vulnerabilidad. Situación aún más compleja al saber que ocupamos el puesto 18 a nivel mundial como país expuesto a inconvenientes por la falta de agua”. Solo detrás de de los países desérticos de Medio Oriente y África.
Imprevisión y complicidad
Lo increíble es que hace ocho años atrás un estudio de la Unidad de Diagnóstico de la Cámara de Diputados de Chile (2012) advirtió que el desierto del norte del país avanzaba hacia la zona centro como parte de un proceso de desertificación progresivo, asociado a los cambios del clima.
De acuerdo con el informe, el desierto de Atacama, que abarca las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama, avanza a razón de un kilómetro al año, debido a las escasez de lluvias. El estudio consignaba además que la degradación de los suelos estaba afectando al 62,3% de la superficie de Chile, unos 47,3 millones de hectáreas, correspondientes principalmente a la mitad norte (I a VIII Región) y a la zona austral del país (XI y XII Región).
El problema no era nuevo: en 1999, un mapa preliminar de la Desertificación en Chile (CONAF) había advertido que el 93% de las 290 comunas del país estaban afectadas por diferentes grados de desertificación (63% grave o moderada; 30% leve y solo el 7% sin signos activos).
El presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg, al presentar el estudio del 2012, destacaba la imprevisión sobre el problema: “La idea es dictar leyes y elaborar políticas, nos falta una plan nacional para afrontar el avance del desierto, si esto se hubiera enfrentado hace treinta años no estaríamos en esta situación”.
De esas declaraciones ha pasado casi una década, y dos desde el ‘mapa preliminar’, pero el agua sigue siendo en Chile un bien económico privado y no un derecho humano básico. Cuánto más habrá que esperar?
Los dueños del agua descubren la sequía
El impacto de la falta de lluvias empieza a hacerse sentir también en las grandes empresas. Sectores industriales como la agricultura, la minería y la producción industrial descubren que la sequía puede también “secar” sus bolsillos.
Restricciones productivas, plantas paralizadas y exportaciones disminuidas son los principales efectos de la imprevisión y cierto “negacionismo del cambio climático” que campea en las élites chilenas.
Arauco, una corporación forestal detuvo la planta de celulosa de Licancel por la falta de agua. La sequía también castigó la producción de cobre de la minera global Anglo American. Su producción de cobre de la mina Los Bronces descendió un 28%. La compañía reconoció que el alza de producción que había logrado en Australia fue opacada por la sequía en Chile.
La Comisión Chilena del Cobre reconoció en un informe que las extracciones de agua del sector minero provienen en un 41% de napas subterráneas y otro 33% del agua de origen superficial y solo el 7% de aguas adquiridas a terceros y el 19% de plantas desalinizadoras.
Escondida, la mayor mina de cobre privada del mundo también tuvo que cerrar el pozo Monturaqui de donde extraía agua subterránea para sus operaciones. La compañía pretendía extender hasta 2030 la extracción de agua, pero tuvo que enfrentar el rechazo de la comunidad indígena.
Varias mineras empujadas por la realidad del cambio climático y las resistencias de la población están impulsando inversiones enfocadas en la desalinización marina, mientras comienzan a ceder algún caudal de su extracción para atender las necesidades de riego de los campesinos.
La situación de la industria vitivinícola ante la sequía es similar. En las viñas de la zona del Maule se proyecta una caída de 30% de la cosecha de uva para vino, así como un menor calibre de la fruta en la zona de Aconcagua, donde se vislumbra un menor calibre en la fruta. Los bodegueros están acordes que “la situación es bastante grave y si continúa un año más sin lluvias, sería catastrófico”.
Es su carrera contra la sequía y la creciente falta de agua, Chile busca que ese debate sea central en la inminente discusión por una nueva Constitución. El convulsionado ambiente social que vive el país y la posibilidad de un racionamiento severo del suministro en algunas regiones, conforman un escenario para no seguir postergando el desarrollo de un plan nacional que enfrente la desertización.