ACNUR alerta sobre su situación ante la llegada del invierno en Sudamérica
21 jun 2021
La pandemia ha tenido consecuencias ruinosas para la salud de millones de personas en el Planeta, ha llevado a la economía mundial a una caída muy pronunciada y ha destruido millones de empleos. Naciones Unidas advierte que la pandemia y los programas de confinamiento para evitar su propagación, podrían generar unos 500 millones de nuevos pobres al concluir el presente año.
Pero a los efectos devastadores de la pandemia se agrega ahora la llegada del invierno al hemisferio austral, lo que representa una seria amenaza para la salud y los medios de vida de aquellas personas que se han visto obligados a migrar o a refugiarse, como es el caso de los millones de venezolanos, que se han visto obligados a huir de su país por la persecución política o el hambre.
De los 5,4 millones de personas refugiadas y migrantes que se marcharon de Venezuela, unos 4,6 millones residen en Latinoamérica. Según datos de noviembre 2020, hay que agregar un creciente número en situación irregular.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organismo encargado de protegerlos, estima que solo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay hay más de 2,3 millones de venezolanos ingresados, y alertó sobre el peligro que representa que algunas de estas naciones están viviendo los peores índices mundiales de infecciones y muertes por Covid-19.
Según datos evaluados por ACNUR la gran mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos (entre 80 y 90%) han perdido sus empleos durante la pandemia, en especial aquellos que permanecían en la economía informal.
Por otra parte, la pandemia ha provocado un enorme impacto en los países de la región, tanto en sus economías como en sus sistemas sanitarios. Aunque en general, las respuestas sanitarias nacionales han incluido a la mayoría de los refugiados y migrantes, la paulatina saturación de la capacidad de los hospitales va haciendo cada vez más complejo el tratamiento de otras enfermedades asociadas al invierno, tanto para nacionales como para extranjeros.
Además, la situación económica de la mayoría de los países de la región, impide extender a los refugiados y migrantes las medidas de resguardo social para atravesar la llegada del invierno. Los desplazados venezolanos, señala ACNUR, empiezan a enfrentar la agudización de las condiciones de pobreza, los desahucios, la imposibilidad de adquirir calefactores, combustible, ropa apropiada, medicinas e incluso comida.
Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR –aunque rescata algunos “encomiables esfuerzos de los países de acogida, para reducir tanto sufrimiento” – insiste en que se requiere multiplicar el esfuerzo para enfrentar las actuales necesidades de los refugiados.
Hay que tener en cuenta que éstos, por su condición, son especialmente más vulnerables que la población en general ante la crisis. Problemas de vivienda, trabajos precarios, debilidad de sus entornos sociales y familiares, carencia del equipamiento propio de una familia instalada e incluso falta de ropa apropiada, diseñan un escenario muy difícil para sortear los contagios y el deterioro económico.
A medida que el invierno se instala en Sudamérica, los refugiados y migrantes venezolanos se vuelven más vulnerables ante el cúmulo de dificultades adicionales. El problema es de dimensiones importantes: más de 5 millones de venezolanos viven fuera de su país y luchan por sobrevivir en medio del vendaval desatado por la emergencia sanitaria global.
NECESIDAD DE AYUDA
Para muchos –según testimonian los funcionarios de ACNUR– es la primera vez que experimentan un clima frío. “No estamos preparados. No teníamos abrigos pesados ni calefacción, ni siquiera mantas”. A ello se agrega que muchos han huido de su país tras meses de escasez de alimentos y una inflación galopante (la más aguda del mundo) que los ha puesto en condiciones precarias de salud, con débiles sistemas inmunes, que los exponen a un mayor riesgo de contagio.
Responsables de World Vision International, una ong asociada a ACNUR en Santiago de Chile, consideran que el invierno pueda acarrear no solo un aumento de infecciones por coronavirus, sino otras afecciones propias de la etapa invernal, como la gripe, lo que provocará un aumento de la atención médica y de la necesidad de asistencia a las familias tanto con comida y equipamiento para el frío.
Ambas organizaciones están distribuyendo cupones de ayuda para adquirir calefactores, mantas y ropa de abrigo y ACNUR también está brindando en la región algunos subsidios para alquiler así como canastas de alimentos, kits de higiene y mantas.
El 26 de mayo pasado se realizó una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. De forma virtual, representantes de más de 60 países, agencias de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y de la sociedad civil, se reunieron con el fin de abordar esta crisis y movilizar recursos para la población desplazada y para las comunidades de acogida.
Ante el dramático desafío múltiple de pandemia e invierno, el plan humanitario de ACNUR para los refugiados y migrantes venezolanos está peligrosamente sub-financiado: solo el 12% de los fondos necesarios, ya se han recibido.
Por ese motivo, Canadá está organizando con el mismo fin, una Conferencia Internacional de Donantes para el 17 de este mes. La agencia de la ONU pide a los países que se comprometan a brindar su apoyo, calificando la situación de “alarmante” ya que el Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes de Venezuela carece de una financiación suficiente.
Hasta ahora ACNUR en América del Sur ha priorizado el apoyo en Perú, en las zonas de alto riesgo y de gran altitud, entre ellas Puno, Cuzco y Arequipa, distribuyendo más de 13.000 mantas térmicas y kits de higiene.
También en Brasil, que soporta una grave oleada de infecciones de coronavirus, los migrantes y refugiados venezolanos está recibiendo ayuda, en especial en la región del Amazonas que se ha visto afectada por fuertes tormentas y las peores inundaciones en más de un siglo. Allí ACNUR ha proporcionado alojamiento seguro a los desplazados y ayudado a reconstruir las infraestructuras humanitarias dañadas.
También tiene prevista la distribución de kits de invierno en varias ciudades en zonas fronterizas de Argentina, Bolivia y Uruguay, a medida que el frío afecte a la región en las próximas semanas.
CHILE EXPULSA MIGRANTES
Queda para el final, la bochornosa situación en Chile. Allí los migrantes y refugiados venezolanos afrontan en condiciones precarias las temperaturas bajo cero que ya están afectando al centro y al sur de ese país. La agencia de Naciones Unidas, con fondos exiguos, busca paliar la situación distribuyendo 1.000 kits de invierno y 8.600 mantas térmicas, alojamiento de emergencia, ayuda en efectivo y vales electrónicos para la compra de calefactores, combustible y ropa de invierno.
Frente a esta crisis humanitaria, el gobierno de Chile ha reanudado un nuevo proceso de expulsión de ‘personas extranjeras’ (venezolanos), el pasado 6 de junio. Aunque no se cuestiona la “legalidad” de un país para consentir o no el acceso a su territorio, cualquier medida que se adopte debe adecuarse al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados, lo que Chile no está cumpliendo.
Naciones Unidas ha reclamado por el derecho que todas las personas tienen a una evaluación individual de su caso, en especial aquellas que tienen necesidades de protección internacional y donde se requiere evaluar el riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad.
Con una notable falta de solidaridad, desde el pasado mes de febrero, Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin realizar previamente una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera pretende deportar a unos 1.500 extranjeros este año, para lo cual alquiló 15 aviones comerciales que realizarán otros tantos vuelos.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales (ACNUDH) advirtió que “Las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”.
Asimismo, en abril el gobierno chileno expulsó colectivamente desde el aeropuerto de Iquique, al norte del país, a otros 55 migrantes procedentes de Venezuela después de detenerlos sin causa, someterlos a un régimen de incomunicación y sin permitirles el acceso a asistencia legal.
Como señala González Morales, “la detención por causas de inmigración solo puede justificarse excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más corto posible, y debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”.
El funcionario de Naciones Unidas considera “indispensable que se cumpla con las garantías del debido proceso y que se garantice a los migrantes disponer de acceso efectivo a la justicia para presentar sus reclamos contra una orden de deportación, y que se les permita permanecer en el país mientras se resuelve el fundamento de estos reclamos”.
Tanto el relator como el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU y un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos integrado por Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Leigh Toomey (presidenta), Elina Steinerte (vicepresidenta), Mumba Malila, Miriam Estrada-Castillo y Priya Gopalan, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han reclamado que Chile la inmediata suspensión temporal de las deportaciones o devoluciones forzadas de migrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, ya que, sin las debidas precauciones de salud y seguridad, pueden poner en peligro a los migrantes.
Y recordaron que el principio está recogido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en otros tratados internacionales de derechos humanos, y que se aplica a cualquier tipo de expulsión independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria de las personas.
La conducta del gobierno chileno violando derechos humanos en semejante contexto de emergencia es una mala señal frente a los desafíos de una humanidad que lucha por su supervivencia. El momento histórico reclama solidaridad, cooperación y conciencia de destino común.