Se subsidia la delincuencia de la pesca ilegal y la sobre explotación. ¿Qué sigue?
15 abr 2022
A mediados de marzo pasado se reunieron en Nueva York, los países miembros de la ONU para negociar un Tratado Global de los Océanos, absolutamente necesario para resolver el desafío que afrontan los océanos, convertidos hoy en el Far West o la tierra de nadie del Planeta.
El intento de esta Conferencia Intergubernamental (IGC4), que forma parte del proceso de Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) ha sido buscar un instrumento jurídico internacional que permita a los países proteger los ecosistemas marinos en aguas internacionales.
Pese a que sus objetivos eran moderados, sintetizados en la fórmula 30×30: 30% de protección de los océanos para 2030, los resultados fueron lamentables ya que –una vez más– los gobiernos no lograron ponerse de acuerdo para cuidar la biodiversidad marina, pese a que las negociaciones llevan años e múltiples intentos y durante 15 años estuvieron “congeladas”.
En su momento Cecilia Malmström, política sueca que fuera Comisaria de Comercio en la Comisión Europea entre 2014 y 2019, reconoció que los magros resultados de las negociaciones responden al “comportamiento destructivo de varios países grandes (cuyos) miembros ni siquiera pueden acordar dejar de subsidiar a la pesca ilegal. Es horrible”.
El entonces Director General de la OMC, Roberto Azevêdo admitía a la vez que: “No hay duda de que muchas poblaciones de peces están desapareciendo y que el financiamiento estatal ilimitado para la pesca puede dañar nuestros océanos”.
Ninguno de los dos funcionarios internaciones ha sobrevivido en sus cargos, mientras los gobiernos han seguido aumentando los subsidios a prácticas de pesca que arrasan la vida marina, pese a las reiteradas promesas públicas de terminar con esos apoyos financieros.
Se trata de proteger los océanos de aquellos subsidios que contribuyen a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, pero como decía Malmström, no son capaces de acordar siquiera eso, pese a ser una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que debían cumplirse en 2020.
Ya en 2019, la revista científica Marine Policy establecía que, a nivel mundial, los gobiernos destinan u$s 35.000 millones por año en subsidios a la pesca, de los que u$s 22.000 millones contribuían a la sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal, abaratando el combustible, la construcción de barcos o su equipamiento, lo que permite que las grandes flotas de China, Japón, Corea y la Unión Europea, puedan operar durante largos períodos en alta mar, arrasando con enormes volúmenes de recursos marinos. La UE que declama su ‘agenda verde’ restauró los subsidios para expandir su flota pesquera en 2018.
La pesca en aguas internacionales que provoca los mayores deterioros en los ecosistemas marinos, está escasamente regulada y su control es difícil. Está en manos de 7 países: Japón, China, España, Corea del Sur, Taiwán, EEUU y Rusia. Si se agrega Indonesia, representan el 85% de la sobrepesca y pesca ilegal del mundo. Son quienes otorgan los mayores subsidios a sus flotas pesqueras. Solo China, Taiwán y Rusia, pescan más de la mitad de lo que se extrae en alta mar.
China opera la flota pesquera más grande del mundo y aunque prometió limitar su flota en el extranjero a 3.000 buques y reducir los subsidios al combustible, un estudio de Oceana sugiere que el 85% de los subsidios de China a su flota dañan la sostenibilidad y que si bien el país ha reducido sus subsidios al combustible para la flota de aguas distantes, hay una menor transparencia informativa sobre los subsidios.
La realidad es que “la pesca de altamar no rentable sin subsidios se transforma en pesca rentable con subsidios” (Enric Sala). “La flota pesquera de aguas distantes de China aporta solo el 22% de la captura total del país, pero recibe el 42% de los subsidios totales, lo que agrega evidencia adicional de que los subsidios están apuntalando una flota que de otro modo no sería rentable” (Informe Oceana).
Sala señala algo más grave: si las ganancias de la actividad pesquera en altamar no cubrirían los costos, revelaría que la ganancia de la pesca en alta mar resulta de la explotación de más recursos pesqueros de los que se declaran a las autoridades marítimas y por tanto, constituyen pesca ilegal.
No al Tratado, sí a la delincuencia
Considerando que existe consenso generalizado sobre la gravedad de las amenazas que penden sobre los mares del Planeta y el riesgo de daños irreversibles no parece sensato la comunidad internacional no se movilice y coordinadamente logre aprobar un Tratado Global para los Océanos.
Una gobernanza internacional de los océanos es un paso imprescindible para afrontar los gravísimos problemas que enfrentan (basura marina; contaminación por nutrientes o eutrofización; vertidos directos de hidrocarburos a consecuencia de la prospección, la perforación y el transporte de petróleo y gas; emisiones de CO2 y otros gases, como los óxidos de nitrógeno y azufre, el metano y otros contaminantes del transporte marítimo, etc).
Los océanos del mundo requieren algunas decisiones sobre las que no se ha querido avanzar y frente a las que Europa podría y debería tener un especial protagonismo en la protección ambiental de los océanos por dos razones:
1.Las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados miembros de la UE cuentan con una extensión de 25,6 millones de kms2, es decir el mayor territorio marítimo del mundo, debido a las regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar, por lo que correspondería a la UE ser un actor principal en el establecimiento de una gobernanza internacional de los océanos, eficaz y ambiciosa;
2.En su declamado compromiso de alcanzar un nivel de protección elevado en su política medioambiental, posee una norma (art.191 del TFUE) que impone la aplicación estricta del principio «quien contamina, paga», que podría dejar de ser aspiracional;
Pero la UE aún se debate entre asumir su liderazgo global en el siglo XXI con sus valores democráticos, de bienestar económico y defensa de un mundo sostenible (Mark Leonard) o continuar con el vasallaje de la Alianza Atlántica (Bruno Le Maire).
El 64% de los océanos son aguas internacionales, lo que significa que si bien los gobiernos no son responsables directos de esas áreas, solo requieren de un acuerdo para protegerlas efectivamente. Como alertara hace una década Stephan Lutter, “el Derecho Internacional del Mar ofrece una base para que los gobiernos puedan trabajar en la protección de lo que jurídicamente se llama alta mar, es decir, las aguas que se encuentran a más de 210 millas de las costas. Por desgracia, este proceso de protección de las aguas avanza muy lentamente”.
Pero poco o nada se ha logrado en ese plano y la Conferencia de marzo ha sido un nuevo fracaso, pese a que los avances científicos recientes sobre su funcionamiento, muestran a los océanos como actores decisivos en el combate contra el cambio climático. El hombre puede tener en los océanos un aliado y una de las grandes alternativas para revertir el calentamiento global. Pero ello requiere proteger y recuperar los magníficos y complejos ecosistemas marinos, profundamente dañados.
El grupo de países que asolan el mar con sus flotas (y algunos de sus aliados a la hora de frenar un Tratado Global de los Océanos) deberían abandonar su amparo a la delincuencia que implica la destrucción de los ecosistemas y la pesca ilegal y permitir la restauración de los ecosistemas oceánicos incrementando las zonas protegidas a un 30% de los océanos. Hoy sólo el 7% de los mares están protegidos y esa protección es nominal y existe.
Pero el océano puede ser un extraordinario factor para revertir la crisis climática. Vientos, olas y corrientes marinas contienen en conjunto 300 veces más energía que la que consumimos los seres humanos en la actualidad. Casi el 90% de la energía eólica mundial se produce por encima de los océanos de todo el mundo. Según un informe de la Asociación Europea de Energía Oceánica (2010), la energía oceánica instalada podría alcanzar 3,6GW para 2030 y llegar hasta a casi 188 GW para el 2050. Ello implicaría que para esa fecha, solo la industria europea de energía oceánica podría evitar la emisión de 136,3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año y crear casi medio millón de nuevos empleos climáticos.
Allí está nuestra olvidada “gran madre naturaleza” con su colosal potencia. Pero como lamenta el Secretario General de Naciones Unidas “estamos en guerra con ella”.